Cuando en su momento el programa Enciclomedia transitó del orgullo del foxismo a ejemplo de las improvisaciones y la corrupción de los debutantes funcionarios panistas en la administración federal, los nombres de Marta Sahagún y Josefina Vázquez Mota, en especial, amén de una pléyade de funcionarios no por menores menos pillos de la Secretaría de Educación Pública, fueron señaladas de tráfico de influencias y fraude.
Empero, ninguna autoridad judicial los tocó ni los ha tocado con la foja de una averiguación previa. Las instancias de la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, y la Secretaría de la Función Pública, desplegaron información mas no informaron ni han informado respecto de las acusaciones fundamentadas y serias que se hicieron en su momento. No hay un solo responsable en prisión.
Sí, por supuesto, se señaló a empresarios que habían sido beneficiados con ese programa, mas nunca se persiguió a funcionarios responsables de comprar pantallas, para instalarlas en escuelas rurales donde, por principio de cuentas, no había servicio de energía eléctrica ni tendido de telefonía satelital y, por ende, carecían de conexión a la Internet.
Bonita familia la foxista que también se echó la puntada de la Macro Biblioteca José Vasconcelos, que el día de su inauguración parecía regadera. Símiles de lo que acontece con esta dizque izquierda que ha gobernado a la Ciudad de México, con el “luchador social” Marcelo Ebrard que pretende escurrir el bulto del jugoso y corrupto negocio de la Línea 12 del Metro.
Dicen que la corrupción es como el amor: para existir debe haber dos. ¿Quién o quiénes cometieron latrocinios con el asunto de Enciclomedia, tema de esta entrega?
Mire usted, el riesgo de esos asuntos es que suelen caer en la acusación sin sustento, como lanzar la piedra hacia la multitud y esperar a ver quién da el primer grito. Otro, muy frecuente, es que los medios de comunicación se barandillas del Ministerio Público y se asumen jueces y condenan al presunto responsable. Lo peor: cuando al presunto responsable lo exonera la autoridad jurisdiccional y limpia su expediente, mas su caso es sacado del archivo y utilizado con fines perversos, generalmente en negocios millonarios, licitaciones con el sector público.
Tal ocurre con la empresa Altavista –de la que seguramente usted ha escuchado en días recientes—a la que se pretende fabricar delitos que ya fueron investigados, precisamente en el ámbito de Enciclomedia, porque ha buscado participar en una nueva licitación pública con un tema similar. Quieren sacarlo del mercado; así de simple, así de grave.
La empresa Altavista, es propiedad del ingeniero Ricardo Orrantia Cantú, quien tuvo la desgracia de emplear, en su momento, a Óscar Pérez Martínez, quien le ha enderezado una campaña de desprestigio mediante su empleado y cómplice Joaquín Hernández González, con una denuncia ciudadana ente al SAT por una falsa acusación de desvío de fondos en Enciclomedia.
Incluso, éste individuo, Pérez Martínez, se acercó a diputados de izquierda, especialmente de Movimiento Ciudadano, para venderles el caso; por supuesto, los legisladores han asegurado que le entrarán al tema. Sólo falta que, praxis elemental de ganar lana con cualquier pretexto, se les vaya a ocurrir crear la “Comisión Especial para Investigar las Supuestas Irregularidades cometidas por la Empresa Altavista”.
Bueno, Pérez Martínez tiene todo el perfil del empleado desleal y ambicioso. Desde que fue echado de la empresa, en mayo de 2007, por malos manejos en beneficio personal y de su familia, amén de abuso de autoridad, entre otras lindezas, ha buscado el beneficio personal y, claro está, el económico sobre el Grupo Altavista, una de los cinco consorcios más grandes de tecnología e informática en México.
Menuda tarea la del ingeniero Ricardo Orrantia: trabaja en revertir los daños que ha causado a su imagen Oscar Pérez Martínez, porque ni la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCyP) tienen bajo supuesta investigación a Grupo Altavista. No hay ninguna querella en su contra como se ha pretendido dar por sentado.
Incluso, Pérez Martínez y cómplices, tiene 3 acusaciones de tipo penal en su contra por el delito de fraude, radicadas en la Unidad 4 de la Agencia B de Investigación de las Fiscalías de Delitos Financieros y Procesos Civiles de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo los números de expedientes FDF/313-10 y FDF/17-14.
Grupo Altavista no está inhabilitado ni tiene procesos legales que le impidan participar en procedimientos de contratación pública. ¿Y qué tal si investigana Pérez Martínez? Digo.
LUNES. Discusión falsa la de los legisladores que demandan renuncia a sus contrapartes de la “telebancada”, por supuesto conflicto de intereses. ¿Pedirán lo mismo cuando los diputados de filiación campesina de izquierda, derecha o centro negocien recursos para el campo? Lo bueno es que trascendió el tema de Puri Carpinteyro. Conste.
@msanchezlimon
