En un sistema político donde
las élites tienen el monopolio de la representación popular, qué más da si se
condiciona con el mínimo requisito de saber leer y escribir el derecho a ser
votado.
La igualdad ante la ley es
mera ficción. Es un hecho que hoy en día la justicia deja de ser ciega ante el
esplendor de unas monedas, que los derechos a la educación y a la salud son circunstanciales
a las condiciones económicas y sociales de cada persona y que todos tenemos
derecho a votar, pero ser votados, solamente aplica para quienes forman parte
de la clase política.
La forma en que la partidocracia se blinda
para evitar el libre acceso a cualquier ciudadano a los cargos de elección
popular se advierte sorprendentemente en las llamadas candidaturas
independientes de reciente creación en la legislación electoral de nuestro
país.
La regulación impuesta por
los partidos tradicionales, PRI, PAN y PRD mediante su “pacto por México” a
esta nueva figura electoral es por mucho más estricta que la que regula a los
partidos políticos y a sus candidatos.
De acuerdo con lo denunciado
por Movimiento Ciudadano, los candidatos independientes resultan inviables en
virtud de que tendrán que cumplir muchos más requisitos que los partidos de
nueva creación para registrarse; recibirán menos financiamiento que éstos;
tendrán menos acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión; y pesará sobre ellos una excesiva
fiscalización y un mayor rigor en las sanciones.
De entrada un candidato
independiente goza de menor tiempo para organizarse y juntar por Ley, cuatro
veces más simpatizantes que un partido de nueva creación y además presentar
credencial de elector de cada uno de ellos, requisito que no se exige a los
institutos políticos. Es más fácil registrar a un nuevo partido que goce de
amplias prerrogativas que a un candidato independiente que tendrá el mínimo de
éstas para hacer campaña.
Los partidos políticos
mantienen así el monopolio de la representación popular para postular a quien
sus cúpulas deseen, obvio, de entre sus militantes de élite. No cualquier
afiliado. Esos solamente votarán, pero probablemente nunca sean votados.
Lo mínimo que podemos
pedirles, es que si no postulan a gente que reúna los perfiles necesarios para
gobernar o representarnos en los congresos y cabildos, al menos se les exija lo
básico como se hizo en Durango con la polémica reforma al artículo 69 de la
Constitución de ese estado, misma que derivó en un interesante debate al seno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que terminó avalando la exigencia
de saber leer y escribir para beneficiarse del voto ciudadano.
¿Quién dirá esta boca es mía
en el Congreso de Guerrero?