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| CARLOS REYES ROMERO |
“El futuro de la República
descansa en la virtud de sus ciudadanos, más que en las buenas leyes.”
-Juan Jacobo Rousseau,
citado por Montesquieu-
La semana pasada escribí que el gobernador
Aguirre Rivero: “desperdició la oportunidad de reconciliar al gobierno del
estado con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa;
peor aún, desperdició la oportunidad de gobernar Guerrero.”
Hoy quiero agregar que el
gobernador de Guerrero, con sus sucesivas y contradictorias declaraciones, está
echando por la borda la poca credibilidad que le quedaba y se está
contraponiendo con el gobierno federal y con la opinión pública nacional e
internacional, que cada vez con mayor fuerza condena la grave matanza de Iguala
y la desaparición de 43 estudiantes, como lo hizo el martes 7 de octubre el
Senado de la República ˗condena ratificada por su presidente este domingo˗ y el
Parlamento Europeo el 10 de octubre.
Insisto: El gobernador Ángel
Aguirre Rivero debe dejar cuanto antes el cargo, por el bien del estado y de la
República y para permitir el esclarecimiento total y absoluto de las
responsabilidades en que pudieron haber incurrido tanto el gobierno estatal
como el federal, políticamente o por comisión u omisión, en estos actos que ya
connotados juristas consideran de lesa humanidad.
Lo mismo debe hacer el
actual procurador de justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera.
Además. De comprobárseles
actos u omisiones que pudieran haber propiciado, favorecido o no impedido los
horrendos crímenes de Iguala, deben fincárseles responsabilidades; ahora sí,
como dijo Peña Nieto: “tope donde tope.”
En abono de lo anterior,
traemos a la memoria pública algunos casos emblemáticos en los que, de hacerse
una investigación pulcra y con verdadera voluntad de encontrar la verdad
jurídica, pudiera establecerse que hay responsabilidad oficial: los asesinatos
del diputado local Armando Chavarría Barrera y del diputado federal Moisés
Villanueva de la Luz, así como del dirigente social, Arturo Hernández Cardona.
Veamos. Armando Chavarría
Barrera, presidente del Congreso local asesinado el 20 de agosto de 2009. La
averiguación largamente postergada de este caso, ha conducido a establecer la
presunta responsabilidad intelectual en este magnicidio del ex gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo. Existe declaración ministerial del ex procurador, Alberto
López Rosas, confirmando que efectivamente en junio de 2011 recabó la confesión
del comandante de la policía ministerial Trinidad Zamora Rojo, quien junto con
otros agentes de la PGJE habría llevado a cabo la ejecución por órdenes de
Torreblanca Galindo. El gobernador Aguirre Rivero debió haber sido informado
del caso desde el primer momento y de inmediato instruir que se fuera al fondo
de esta indagatoria. La averiguación se distingue por su morosidad y el
presunto culpable sigue libre.
Moisés Villanueva de la Luz,
encontrado muerto el 18 de septiembre de 2011, junto con su chofer, Eric
Estrada Vázquez, en Huamuxtitlán, Guerrero. Las investigaciones condujeron a la
detención y sujeción a proceso de los autores materiales de estos homicidios y
de Francisco Flores Lorenzo, entonces director de seguridad pública del
municipio de Tlapa de Comonfort, todos los cuales reconocieron al edil de ese
ayuntamiento, Willy Reyes Ramos, como la persona que ordenó y financió el
asesinato del legislador y su chofer. Aunque el juicio de procedencia incoado a
Willy Reyes Ramos todavía dormita en el Congreso local, hace más de un año que
feneció la inmunidad constitucional que lo protegía; sin embargo sigue libre a
ciencia y paciencia de las autoridades ministeriales del estado y de la
federación. El gobernador también debió haber sido informado detallada y
sucesivamente de este caso, y de hecho así lo ha reconocido públicamente en
diversas ocasiones. No se sabe que haya instruido ejercer ninguna orden de
detención en su contra, ni si el procurador del estado lo ha hecho a iniciativa
propia.
El caso más emblemático para
el esclarecimiento de la matanza de Iguala es el del ingeniero Arturo Hernández
Cardona, torturado y asesinado en junio de 2013, junto con sus compañeros Félix
Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Desde noviembre de 2013, por
denuncia de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, se sabe que el
ahora edil de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, fue quien
directamente asesinó a Hernández Cardona, disparándole con una escopeta. Desde
entonces el gobernador y la procuraduría del estado tuvieron conocimiento del
caso porque la denuncia fue pública, pero le restaron valor jurídico porque
procedía de una declaración ante notario; hoy se sabe que la declaración
ministerial del testigo presencial fue levantada desde el mes de marzo de este
año. Tampoco se procedió ni a acelerar ante el Congreso del Estado el juicio de
desafuero ni a incoar responsabilidades penales a Abarca Velázquez, hasta que
la fuga del alcalde luego de presentar su licencia al cargo hizo públicamente
evidente su responsabilidad y de que el dirigente perredista René Bejarano
denunciara el crimen ante el Consejo Nacional de su partido.
¿De haberse actuado a tiempo
contra el edil de Iguala, se hubiera podido o no evitar que sucedieran los
trágicos sucesos de Iguala y la dolorosa incertidumbre provocada por la
desaparición de los 43 estudiantes, que tanto han conmocionado al mundo?
Seguramente que sí. Cuando
menos esa es la percepción que tiene el grueso de la opinión pública.
No mejor paradas quedan las
autoridades federales. ¿Acaso el presidente Peña Nieto y el secretario de
Gobernación, Osorio Chong, no fueron informados de inmediato de los sucesos?
¿Acaso, la Policía Federal, el Ejército y la Marina no fueron informadas de
inmediato? ¿Por qué no ordenaron a los efectivos federales en el área
intervenir de inmediato?
Entre el primer asesinato y
las primeras detenciones de estudiantes pasaron casi cuatro horas. ¿Por qué no
intervinieron los militares destacamentados en Iguala, para impedir que
continuara la masacre y se desapareciera a los jóvenes?
Los hechos muestran que en
la masacre de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes existe una red de
complicidades, omisiones, encubrimiento y
obstrucción de justicia, que debe ser desentrañada hasta sus últimas
consecuencias.
