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| CARLOS REYES ROMERO |
Mucho
se discute en los ámbitos académicos y jurídicos si constituye o no un crimen
de estado lo acontecido en Iguala, donde estudiantes de la Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” fueron atacados por fuerzas policiacas, ahora se sabe que con el
apoyo parcial de personal del 27 batallón de infantería del ejército mexicano,
con saldo de tres estudiantes muertos –dos por heridas de bala y uno encontrado
sin ojos y con el rostro desollado–, cuatro heridos –uno con muerte cerebral,
otro con el rostro destrozado y que requiere de reconstrucción facial, uno más
con un brazo amputado y otro con amputación de tres dedos de la mano izquierda–
y 43 normalistas desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula,
conjuntamente con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
También
fueron asesinados, aquella noche del 26 de septiembre, un joven del equipo de
futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, el chofer del autobús en que viajaban y
una señora que iba en un taxi.
Lo
cierto es que aunque el gobierno mexicano lo niegue o trate de ocultarlo, la
causa más profunda de la explosión de indignación popular que está abarcando al
país y suscitando la cada vez más amplia condena internacional a tal barbarie,
tiene su origen en la corrupción, la impunidad y el contubernio de funcionarios
públicos de todos los niveles jerárquicos, órdenes de gobierno y partidos
políticos con el crimen organizado que predominan en todo México, con las excepciones
que confirman la regla.
La
debilidad institucional del gobierno federal, y no sólo del gobierno de
Guerrero, y el contubernio de las autoridades con el crimen organizado que se
da en todo el país, y no sólo en Iguala, como quiso en ambos casos acotarlo
recientemente el presidente Peña Nieto, es algo que el pueblo mexicano percibe,
ve, siente, vive y padece cotidianamente.
Los
grandes delincuentes entran y salen de las cárceles haciendo gala de sus
influencias y total impunidad, mientras que miles de delincuentes menores,
muchos de ellos inocentes, se hacinan en cárceles sobrepobladas por falta de
dinero o de una adecuada defensa jurídica que tampoco pueden pagar.
El
sistema judicial está haciendo del debido proceso una fuente de protección e
impunidad para los altos delincuentes, como antes lo hizo con los derechos de
los inculpados, negando y escamoteando a las víctimas la debida protección de
la ley, el derecho a la justicia y a la reparación del daño.
Nos
preguntamos: ¿Es superior el debido proceso a la debida justicia? De continuar
así, la inmensa mayoría de los mexicanos seguiremos jodidos.
La
barbarie de Iguala es un crimen abominable que debe pervivir en la memoria,
debe encontrarse a los responsables intelectuales y materiales y castigarles
ejemplarmente, debe también deslindarse la responsabilidad oficial en que
incurrieron con sus omisiones, morosidades, encubrimientos y obstrucción de la
justicia los funcionarios de los tres niveles de gobierno que sabiendo de los
crímenes anteriormente perpetrados por el ex alcalde de Iguala, su esposa y su
jefe de seguridad pública, no actuaron oportunamente para detenerlos y
sujetarlos a proceso, y además facilitaron su huida.
La
investigación a fondo y el deslinde de las responsabilidades de las autoridades
locales y estatales, debe servir para indiciar y llevar a la cárcel a los
responsables de estas conductas, tope hasta donde tope; pero también debe dar
pie a que se tomen medidas que impidan su repetición, para revisar a fondo la
estrategia contra la violencia y el crimen organizado, para limpiar y sanear a
fondo toda la administración pública.
Si
bien hay evidencia de que las desapariciones forzadas de los 43 normalistas fueron
cometidas por la acción conjunta de la autoridad local y las organizaciones
criminales que operan en Guerrero, también se debe investigar y establecer la
complicidad que tuvo el gobierno del estado en estos hechos.
Hay
múltiples evidencias de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex
secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, y cuando menos los dos
anteriores secretarios de Seguridad Pública Sergio Lara Montellanos y Leonardo
Octavio Vázquez Pérez, así como el ex Fiscal General Iñaky Blanco Cabrera ˗estos
tres últimos
nombrados por Aguirre Rivero “con
el acuerdo” del gobierno
federal˗ sabían, como ellos mismos lo han
reconocido en diversas ocasiones, de los antecedentes delictivos y de los crímenes de la pareja que gobernaba
Iguala y de su jefe de seguridad pública, actualmente prófugo.
El
gobierno federal también tiene culpa por la no intervención de las fuerzas
federales para impedir la muerte de otros 2 estudiantes y la desaparición de
los 43 normalistas, así como el asesinato de otras tres personas ˗sucesos
éstos que se
dieron 3 horas después
del asesinato del primer estudiante de Ayotzinapa˗;
tiene culpa por el retraso para intervenir en el caso pese a conocer la
debilidad institucional y la corrupción
imperante en el gobierno estatal. Y sobre todo tiene culpa, y grave, porque
conocía anticipadamente de la situación imperante en el gobierno municipal de
Iguala, de los crímenes de la pareja que bailaba entre los muertos y de sus
nexos con el crimen organizado.
El
gobierno federal lo sabía y no actuó a tiempo. Tiene que saberse por qué.
No
es suficiente con que el secretario de Gobernación, el procurador general de
Justicia y el comisionado de Seguridad, prometan a los padres de los
desaparecidos que va a continuar la búsqueda de los muchachos y a cambiar la
estrategia para hacerlo, ni con que informen ya se aceptó la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se investigarán y sancionarán
las omisiones en que haya incurrido el gobierno estatal.
No.
No basta. Hay que abrir también una amplia y completa investigación sobre las
responsabilidades en que incurrió al respecto el gobierno federal, en
particular el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, el procurador
Jesús Murillo Karam, el CISEN y el entorno del propio presidente Peña Nieto.
No
puede eludirse que el gobierno federal es responsable de la debilidad
institucional que impera en el país; de que se carezca todavía de un efectivo
sistema que garantice seguridad pública y justicia; de que no se haya hecho
prácticamente nada para abatir la impunidad delictiva ni para desterrar la
corrupción gubernamental; de pretender que el crimen y la violencia han
disminuido sólo porque se impide hablar de ello a los medios de comunicación,
en suma es responsable de omisión, encubrimiento y obstrucción de justicia,
sobre todo en el caso Iguala.
También
debe ser investigada la plana mayor de “Los Chuchos”: Jesús Ortega Martínez,
Jesús Zambrano Grijalva, Guadalupe Acosta Naranjo y Graco Ramírez Abreú por sus
nexos y vínculos con el crimen organizado, no sólo en cuanto a la pareja de
Iguala, sino también en los casos de Julio César Godoy y del narcotráfico en
Morelos; así como debe investigarse a aquellos dirigentes y militantes de otras
formaciones políticas, en torno a los cuales hay indicios de que están
involucrados con grupos delincuenciales.
Aunque
hay sectores sociales y poderes fácticos que presionan fuertemente, el gobierno
debe evitar la tentación de acudir a la represión militar del movimiento; la
solución es y debe ser política, y está en cumplir plenamente los acuerdos
pactados. No hay de otra.
